Ruanda, 1994. El presidente del país, miembro de la etnia hutu, está a punto de firmar un acuerdo con los rebeldes Tutsi que pondrá fin a una guerra civil que lleva años asolando la población. Mientras tanto, los líderes de la Interhamwe, una milicia civil integrada por miembros de la etnia Hutu, exhortan a través de la radio a la población y al presidente a desconfiar de los rebeldes y a exterminar a todos los Tutsi. Una vez el presidente es asesinado en extrañas circunstancias, la Interhamwe comienza con la limpieza étnica para acabar a machetazos con sus conciudadanos Tutsi.
Hotel Ruanda (Terry George), cuenta los hechos desde el punto de vista de Paul Rusesabagina, el encargado de un Hotel de máxima categoría en Kigali, capital del país africano, miembro de la etnia Hutu pero casado con una mujer Tutsi. Una vez el genocidio comienza, Paul tratará por todos los medios de salvar la vida de su mujer y de sus más allegados albergándolos en el Hotel donde trabaja.
Los homicidios, torturas y violaciones cometidos durante 1994 en Ruanda constituyen una de las peores tragedias de Derechos Humanos del siglo XX.
Un genocidio que tuvo lugar en el contexto del conflicto que enfrentó a las fuerzas gubernamentales ruandesas, hutus, y el grupo tutsi, Frente Patriótico Ruandés (FPR), hoy en el gobierno. Como resultado de este enfrentamiento, aproximadamente 1 millón de ruandeses fueron asesinados. El FPR subió al poder tras su victoria militar en 1994 y ratificó su permanencia en el gobierno en las elecciones de 2003.
En abril de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció su responsabilidad por no haber evitado el genocidio y lo definió como "un fracaso de las Naciones Unidas en su conjunto". Efectivamente las tropas de las Naciones Unidas se retiraron de las zonas de las matanzas en los primeros días del conflicto.
El motivo de preocupación de la comunidad internacional respecto a estos países debería ser hoy las secuelas de ese genocidio en Ruanda. Dentro de estas secuelas adquieren especial dimensión las que afectan a los eslabones más débiles de la sociedad: las mujeres y los niños.
Todas las partes beligerantes de Ruanda han empleado la violencia sexual contra las mujeres como un arma bélica para aterrorizar a la población civil, degradar y humillar. En Ruanda son responsables de estas violaciones las fuerzas armadas que durante el genocidio respondían al Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo y su aliado, la Coalición para la Defensa de la República, ambos hutus, pero también utilizaron sistemáticamente la violación como arma de guerra el Frente Patriótico Ruandés, tutsi, que conquistó el poder después del genocidio.
En 1996 un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimaba entre 250.000 y 500.000 las mujeres que fueron violadas durante el genocidio de Ruanda, una cifra extrapolada del número de embarazos que hubo a consecuencia de las violaciones. La Asociación de Viudas del Genocidio (AVEGA), estimaba que el 70% de las mujeres que sobrevivieron contrajeron SIDA y el 80% permanecen "severamente traumatizadas". En 2003, las ONG de derechos humanos y ayuda humanitaria nacionales e internacionales y los organismos internacionales informaron de un aumento alarmante del número de casos de violaciones de mujeres en el conflicto armado de Burundi. El SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual ha afectado a las víctimas de tales violaciones.
La inmensa mayoría de los violadores, ya sean soldados gubernamentales, miembros de los grupos políticos armados de oposición o particulares no han comparecido ante la justicia y raramente son perseguidos o juzgados.
Muchas de las mujeres violadas en estos 10 últimos años murieron y solamente unas pocas recibieron tratamiento retroviral prolongado. La mayoría no ha tenido acceso a alimentos suficientes para ellas y sus familias. A todo lo anterior se suma la estigmatización que sufren por haber sido violadas y haber contraído el virus del SIDA: son vistas como "inmorales" e "improductivas". Incluso en sus propias familias son tratadas, muchas veces, con el mismo desdén porque se considera, falsamente, que todos los miembros portan el SIDA.
La enfermedad, la pobreza y la marginación de estas mujeres las vuelven vulnerables a todo tipo de abusos incluida la violación sexual. Sus hijos también son vulnerables y tienen dificultades para conseguir alimentos o acudir a la escuela. Cuando quedan huérfanos tiene dificultades para reclamar sus derechos y herencias quedando muchas veces sin cobijo y sin protección contra la violencia. Además, es sabido que todos los grupos armados reclutan niños para sus milicias.
Estas condiciones dramáticas de las mujeres en Ruanda se inscribe en un contexto de empobrecimiento generalizado como consecuencia de la guerra. La población es incapaz de pagar un tratamiento adecuado para paliar los efectos del SIDA. Los servicios públicos de salud cuentan con pocos médicos, escasa dotación y hay poblaciones que viven alejadas de los mismos o en zonas de conflicto.
Por sorprendente que pueda parecer, Ruanda es objeto de presión por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que limiten la atención médica gratuita. La dejación de responsabilidades de la comunidad internacional en la zona durante el genocidio y las guerras en estos últimos 10 años puede agravarse si se desentiende de las secuelas que persisten y que afectan sobre todo a las cientos de miles de mujeres violadas y portadoras de VIH sin que puedan tener acceso al tratamiento gratuito retroviral.
