30 de abril de 2014

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Cuando una niña o adolescente mexicana se embaraza se le tiende a señalar como la causante del problema; se le obliga a cumplir con la carga como si su situación respondiera a una irresponsabilidad de su parte; se le culpa. Se ignoran los factores de pobreza, discriminación y desigualdad que viven las niñas y adolescentes en México y que abonan a esta grave situación. ¿Se puede culpar a una niña o adolescente sin información por no usar anticonceptivos?, ¿se le puede hacer responsable de ser víctima de violencia sexual? ¿se le puede señalar por ser forzada a casarse cuando el matrimonio infantil está normalizado y legitimado por nuestras leyes?

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “El embarazo en adolescentes es a la vez una causa y una consecuencia de las violaciones de derechos. El embarazo menoscaba las posibilidades que tienen las niñas de ejercer los derechos a la educación, la salud y la autonomía, garantizados en tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Y a la inversa, cuando una niña no puede gozar de sus derechos básicos, como el derecho a la educación, se vuelve más propensa a quedar embarazada.”

El Estado mexicano ha faltado a su obligación de velar por el interés superior de las niñas y adolescentes. Es hora de dejar de señalarlas; es hora de mostrar lo que el gobierno ha dejado de hacer para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.

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