Después de legalizarse la interrupción del embarazo no deseado en la capital mexicana, organizaciones sociales afirmaron que la censura del aborto en algunas entidades del país pone en riesgo los logros en esa materia.
Las reformas impulsadas y aprobadas en otros estados que impiden la realización de la práctica médica, anulan por completo los derechos de las mujeres, dijo al respecto la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser).
Denunció que las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernante Acción Nacional (PAN), con el apoyo de la derecha y de la jerarquía católica, impulsaron con éxito cambios legislativos en 14 entidades, a fin de blindar a los estados frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, alertaron que Querétaro, Sinaloa y Aguascalientes podrían ser los próximos tres estados en aprobar las reformas que criminalicen a las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos.
De acuerdo con un comunicado emitido por las referidas organizaciones, las negativa de 14 congresos estatales de acatar el fallo de la Corte sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, es un retroceso en materia de las garantías a los derechos de las mujeres.
Asimismo informaron que de 36 mil 380 mujeres programadas para ser intervenidas en los hospitales, conforme a la ley vigente en el Distrito Federal, el 20 por ciento declinó.
"Las 29 mil 212 restantes recibieron atención oportuna para interrumpir sus embarazos de forma segura y respetando su derecho a decidir sobre su vida reproductiva", señala el comunicado.
De este total, 22 mil 473 solicitantes residen en el Distrito Federal, cinco mil 950 en el estado de México y 789 provienen de otras entidades, entre ellas, de aquellas donde la práctica es aún prohibida por el gobierno del estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario