19 de mayo de
2014 a la(s) 18:08
En las escuelas de Guanajuato, las niñas están siendo
violentadas sexualmente sin que la Secretaría de Educación ni la Procuraduría
de Justicia actúen efectivamente para detener y atender estos casos.
19 de mayo de 2014, León, Guanajuato
COMUNICADO DE PRENSA:
“DENUNCIA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LA
PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO POR CASOS DE VIOLACIONES SEXUALES CONTRA
MENORES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA”
Desde el año pasado se han hecho públicos varios
casos de violaciones sexuales a niñas por parte de sus profesores, sin que a la
fecha las autoridades educativas ni de procuración de justicia hayan dado una
respuesta contundente ante esta grave problemática que implique un mensaje
claro de rechazo y atención a estas conductas que atentan contra la integridad
y el desarrollo de las niñas en el Estado de Guanajuato. Las niñas que acuden a
escuelas de educación básica en Guanajuato están siendo abusadas y acosadas
sexualmente por parte de sus profesores, a pesar de que existen lineamientos
normativos estatales, nacionales e internacionales que protegen los derechos de
las mujeres y las niñas en contra de la violencia sexual. Contrario a ello, son
abusadas en los centros de educación que debieran funcionar como centros que
promuevan el desarrollo intelectual y personal de las menores, además de
asegurar su protección e integridad.
Este comunicado se emite a solicitud de los
padres de una menor de 13 años, estudiante de la secundaria general Insurgentes
no. 8, que fue violada por su profesor ANTONIO DE JESÚS AGUIRRE ZÚÑIGA. Más de
6 meses después de la denuncia no se ha hecho justicia.
Los padres de esta menor y familiares de otra
niña que fue violada en la capital del estado por un profesor del Centro
Educacional Piloto se han reunido para unir esfuerzos en el proceso de
exigencia de los derechos de sus hijas. Además, han solicitado una audiencia
con el Procurador de Justicia y el 07 de mayo pasado presentaron por escrito
sus inconformidades respecto a la conducta del personal de la PGJEG que atendió
la investigación.
- Los padres de la menor denuncian públicamente por este medio la victimización de la que fue sujeta su hija por parte del personal de la secundaria Insurgentes no. 8:
La directora de la mencionada institución, LAURA
ARANDA MORENO tuvo conocimiento de las amenazas y hostigamiento sexual de las
que era víctima la menor sin que tomara medidas que evitaran la violación
sexual. En varias ocasiones los propios padres de la menor tuvieron diálogos
con la directora en los que ella culpó a la menor de "mentirosa y
fantasiosa". Cuando la niña se atrevió a acusar al profesor, varios
profesores la interrogaron e insistieron en que no mintiera, obligándola a
escribir una carta en la que exculpó al profesor y señaló que ella había
aceptado tener relaciones sexuales con él. Como parte de los actos
intimidatorios a la menor se le cuestionó su forma de vida, sus relaciones
sentimentales y su intimidad sexual, sin presencia de los padres y sin darles a
conocer lo que sucedía. La propia directora intentó desalentar a los padres de
entablar la denuncia penal.
- Denuncian la revictimización y violencia por parte de la Procuraduría de Justicia:
La agente del ministerio público no. 40 especializada
en delitos sexuales, BLANCA ISABEL GASCA CURIEL, quien recientemente
recibió una recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos por negligencia
que resultó en un feminicidio, estuvo a cargo de la investigación. No se le
permitió a la madre estar presente durante la declaración de la menor, misma
que fue modificada ilegalmente y que se le dio a firmar a la madre hasta el
final y sin que le dieran lectura previa.
Personal de psicología de la PGJEG realizó prácticas
que revictimizaron a la menor, haciéndola relatar una y otra vez los hechos, gritándole y acusándola de
mentirosa y de ser responsable de acusar a un hombre inocente. El propio
subprocurador de justicia de la región “A” MANUEL ANGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
dijo a la niña y a su madre que había mentido e ignoró los señalamientos de la
niña en relación a la modificación de su declaración. Además, le dijo a la
menor que “la veía más alegoncita que la primera vez, que se guardara su
alegata para después”. El caso fue consignado por un delito menor a la
violación sexual, “estupro”, el cual no es considerado como grave en el
Código Penal. Ni siquiera se informó de dicha consignación a los familiares de
la menor. Nunca se citó a declarar al profesor responsable, mismo que
actualmente tiene una orden de aprehensión que no se ha podido cumplimentar
debido a que las autoridades de la PGJEG ignoran su paradero.
- EXIGIMOS LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL E INSTITUCIONAL:
1. Exigimos justicia para la menor. Exigimos
que se aprehenda al responsable de la violación sexual de la menor y se
sancione de conformidad con el delito de violación de menor.
2. Exigimos sanciones adecuadas y ejemplares para
las autoridades que hayan tenido conductas negligentes y violatorias de los
derechos de la menor, tanto a la Secundaria Insurgentes no. 8, a la SEG, así
como a la PGJEG.
3. Exigimos a la PGJEG que se establezcan sanciones
por violencia de género institucional a quien tomó la declaración de la
menor, al personal de atención psicológica y al subprocurador de justicia, a
fin de que evite la repetición de estas conductas violatorias a los derechos
humanos de las niñas y mujeres.
5. Exigimos que la PGJEG diseñe y aplique protocolos
de investigación y atención de casos de violencia sexual contra menores, a
fin de evitar dilaciones y deficientes integraciones de las averiguaciones
previas, y que se den a conocer a la sociedad.
6. Exigimos a la SEG protocolos de atención de la
violencia sexual en el ámbito escolar, con perspectiva de género y de
acuerdo al interés superior del menor.
8. Exigimos que se garantice la capacitación sobre
género y derechos de las mujeres y niñas al personal de las instituciones
educativas, administrativos, directivos y profesorado, para que estén en
condiciones de atender adecuadamente los casos de violencia contra las niñas.
Además de crear las condiciones para que las niñas vivan libres de violencia en
el espacio escolar, especialmente libres de violencia sexual por parte de sus
profesores.
8. Exigimos a las autoridades del Estado la reparación
del daño a las violaciones de los derechos de las menores.
9. Exigimos la intervención de la Procuraduría de
Derechos Humanos, quien en declaraciones públicas ha mencionado el inicio
oficioso de una investigación, pero los padres de la víctima no han sido
buscados por dicha institución.
¡Exigimos una respuesta contundente de las autoridades
del estado de Guanajuato frente a la violencia sexual contra las niñas en el
ámbito escolar!
¡Alto a la violencia institucional y sexual
contra las niñas!
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, AC
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